La Ley de Tráfico y Seguridad Vial nos dice que debemos respetar siempre los límites de velocidad establecidos. Si no lo hacemos, nos exponemos a multas, pérdida de puntos en el carnet e incluso a cometer un delito.
La mayoría de las multas por exceso de velocidad resultan en sanciones económicas de 100 a 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos en el carnet. Pero hay un escalón más alto donde los riesgos se vuelven más serios. El artículo 379 del Código Penal detalla los diferentes delitos relacionados con la seguridad vial. Específicamente, el artículo 379.1 explica qué excesos de velocidad constituyen un delito.
Según el Código Penal, se considera delito contra la seguridad vial "conducir un vehículo de motor o ciclomotor a una velocidad superior a 60 kilómetros por hora en vías urbanas o a 80 kilómetros por hora en vías interurbanas, por encima de los límites permitidos reglamentariamente".
Siguiendo esta regla y tomando como ejemplo los límites de velocidad más comunes en las carreteras españolas, estos son los casos en los que se comete un delito:
- En vías urbanas con límite de 50 km/h, circular a 110 km/ho más es un delito.
- En vías interurbanas con límite de 90 km/h, circular a 170 km/ho más es un delito.
- En autovías o autopistas con límite de 120 km/h, circular a 200 km/ho más es un delito.
El artículo 379 establece las penas por cometer un delito de exceso de velocidad:
- Prisión de 3 a 6 meses.
- Multa de 6 a 12 meses.
- Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
Además de estas penas, cualquier delito por exceso de velocidad conlleva la pérdida del carnet de conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período de 1 a 4 años. La determinación de las penas por parte del juez se basará en el principio de proporcionalidad y puede variar según la gravedad del delito. Otros factores, como los antecedentes penales del acusado o la concurrencia con otros delitos como homicidios, pueden influir en la decisión del juez.
No obstante, el acusado puede solicitar la suspensión de la pena de cárcel si esta es inferior a dos años, siempre que cumpla con ciertas condiciones. Por ejemplo, no volver a cometer delitos durante el período de suspensión y dañarse a compensar los daños causados, como indemnizar a personas lesionadas debido al exceso de velocidad.
En España, existe un caso en el que el acusado podría ser absuelto de los cargos por exceso de velocidad. Si el radar detecta al conductor pero un agente de Tráfico no lo intercepta, la responsabilidad recaerá en el propietario del vehículo, ya que el conductor no ha sido identificado. Estos casos son difíciles de probar, ya que podrían violar la presunción de inocencia. Aunque el titular del vehículo está obligado a proporcionar el nombre del conductor infractor, el derecho constitucional en nuestro país reconoce el derecho a no declarar en contra de uno mismo ni de familiares o cónyuges en estos casos.
El Código Penal en España también considera contra la seguridad vial conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, negarse a realizar controles de alcoholemia o drogas y conducir un vehículo sin carnet (ya sea porque nunca se obtuvo o porque ha sido retirado o suspendido ).
