El auge de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) como las bicicletas ha transformado la forma en que nos movemos por las ciudades españolas. Sin embargo, junto con su popularidad, surgen preocupaciones sobre la seguridad vial y la convivencia con peatones y otros vehículos. Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado la iniciativa de regular su circulación mediante una nueva normativa, vigente desde el pasado 22 de enero de 2024.
Según la DGT, se consideran VMP a aquellos vehículos de una o más ruedas con una sola plaza y propulsados por motores eléctricos, capaces de alcanzar velocidades entre 6 y 25 km/h. Aunque estos vehículos no requieren autorización administrativa ni seguro obligatorio para circular, deben cumplir con una serie de requisitos técnicos y de conducta.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, detalló ante la Comisión de Interior del Senado las principales medidas que afectan a los usuarios de VMP:
- Se les otorga la consideración jurídica de vehículo, lo que implica el deber de respetar las normas generales de circulación, como la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, el uso de auriculares o el teléfono móvil.
- Se les prohíbe circular por las aceras, zonas peatonales, carreteras interurbanas, túneles urbanos y travesías.
- Se establece una velocidad máxima de 25 km/h, a menos que el ayuntamiento establezca una velocidad menor.
- Deben llevar una placa identificativa con las especificaciones técnicas del vehículo, visible y legible.
- La infracción de estas normas conllevará multas que oscilan entre 100 y 500 euros.
La nueva normativa de la DGT tiene como objetivo mejorar la seguridad y la movilidad en las ciudades, donde los VMP han proliferado en los últimos años. Según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España hay más de 5 millones de patinetes eléctricos, que ofrecen ventajas como el ahorro de combustible, la reducción de emisiones y la facilidad de estacionamiento. Sin embargo, también representan un riesgo potencial de accidentes, que en 2022 resultaron en 299 siniestros y 12 fallecidos, según datos de la Fundación Mapfre.
La DGT ha dado un plazo de tres años, hasta 2027, para que fabricantes y propietarios de VMP adapten sus vehículos a la nueva normativa. Mientras tanto, los ayuntamientos tendrán la facultad de establecer sus propias ordenanzas municipales para regular el uso de estos vehículos en sus calles.
